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Desde el pasado 1 de junio es obligatorio clasificar con una etiqueta energética las viviendas. El objetivo de la certificación energética (que regula la normativa española y atiende a la necesidad impuesta por la Unión Europea para reducir un 20% el consumo energético en 2020) es fomentar el ahorro y la eficiencia al informar al comprador o arrendatario sobre el gasto en energía y las emisiones del inmueble. La certificación tiene una validez de diez años y se manifiesta mediante una etiqueta que divide en categorías en orden descendente ( de la “A” a la “G”) el consumo de energía y emisiones de CO2.
A pesar de que la ley ya está en vigor los actores implicados se quejan de la falta de información con un recelo por un temido gasto añadido. Nace con el objetivo planteado por la Unión Europea y Jesús Rodríguez Cortezo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (CGCOII) lo considera necesario si se tiene en cuenta que el 40% del consumo energético está en los edificios. Para José Ángel Galán, socio de Exeleria (compañía de eficiencia energética e ingeniería medioambiental del Grupo Everis) la etiqueta propone una serie de medidas para que el propietario pueda llegar a tener una condición energética eficiente. “Esta certificación no es un fin sino un primer paso, y es cierto que debería tener en el medio plazo algún tipo de ayuda o bonificación por ejemplo para fomentar el compromiso con este objetivo”, explica.
Pese a lo que se creía en un principio, sí existe un régimen sancionador “ es obligatorio tener la etiqueta energética pero no estamos obligados a hacer obras de mejora para acceder a esa certificación”, advierte Gonzalo Cervera, director de Tinsa Certify. Tan sólo existen recomendaciones que no son obligatorias pero que a juicio de Rodríguez Cortezo aumentan el valor de cambio de la vivienda. Pese a las complicaciones en la puesta en marcha, los expertos lo consideran un paso importante con el que el consumidor podrá conocer la calificación de la vivienda que alquila o compra.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales recuerdan que la forma de aplicar la norma dependerá de cada autonomía, lo que podría constituir un inconveniente de la recién aprobada ley. En este sentido, Cervera advierte de que “la transición a partir de la fecha de publicación del RD ha sido un caos, a las comunidades les ha pillado con el paso cambiado, aunque casi todas las autonomías están progresando cada una va por su lado”.
Rodríguez Cortezo también subraya que no es aplicable a los alquileres estacionales, puesto que está destinada a periodos superiores a cuatro meses, es decir, cuando la vivienda sale al mercado inmobiliario. Desde Exeleria esperan que dentro de 10 años, que es el periodo que dura la certificación, se consiga tener una eficiencia energética superior a la actual.
“Se ha esperado demasiado tiempo para informar al mercado por lo que hay mucha confusión, así lo revelan las encuestas que estamos realizando”, advierte Joan Lino, bussiness development manager de certificación energética en Yaencontre.com. Desde esta plataforma tratan de ofrecer una solución para agilizar el proceso de certificación energética. “El coste de esta certificación depende de la vivienda, de los metros cuadrados y de la orientación, entre otras variables. En la actualidad la media está operando entre los 180-200€”, advierte Lino.
Los expertos coinciden en que es un buen paso para conseguir los objetivos propuestos por la UE y poder reducir la contaminación, ganar en eficiencia energética y alcanzar un plan global de energía. Pero destacan que para ello también es necesario el compromiso por parte del ciudadano.
Noticia extraída de diariofinanciero.com del 19 de Julio de 2013
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