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La normativa, que busca impulsar un nuevo modelo de construcción y urbanismo en España, fija que los incumplimientos de las nuevas obligaciones en certificación energética, como por ejemplo alquilar o vender un piso sin el certificado válido, conllevará sanciones que van desde los 300 a los 6.000 euros.
Junto a esto, la ley fija las características y el calendario obligatorio para hacer los informes de evaluación de edificación así como los requerimientos para optar a los programas de mejoras en edificios.
El Gobierno ha defendido que esta norma se enmarca en un contexto de crisis económica cuya salida depende en gran medida de la recuperación y reactivación del sector de la construcción.
También responde a la necesidad de mejorar la calidad del parque urbanístico español, sobre todo, en materia de ahorro y eficiencia energética, para adaptarse además a las normativas europeas.
Con estos objetivos, la normativa introduce también modificaciones en la ley de propiedad horizontal, en la ley de ordenación de la edificación y código técnico y en el texto refundido de la ley de suelo.
La oposición criticó en la tramitación parlamentaria esta normativa al considerar que es insuficiente e invade competencias autonómicas.
Noticia extraída de invertia.com del 28 de Junio de 2013
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