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En unas semanas verá la luz uno de los proyectos de mayor calado comprometido por Mariano Rajoy antes de que ganara las elecciones generales en noviembre de 2011, la Ley de Emprendedores, una norma con la que el Gobierno quiere animar con una mejor financiación la puesta en marcha de nuevos negocios. Pero, sobre todo, quiere evitar que una fracasada primera incursión en el mundo empresarial impida volver a emprender. Es decir, regular lo que se ha venido en llamar la «segunda oportunidad».
Coordinados por la Oficina Económica y el Ministerio de Hacienda, los departamentos de Economía, Empleo, Justicia e Industria trabajan en una norma que verá la luz en próximas semanas y que se apoyará en la legislación francesa para poner en marcha un proyecto extrajudicial para resolver los problemas de endeudamiento que llevan a una pyme a recurrir a un concurso de acreedores para detener los pagos, levantar los embargos y ejecuciones, y darse así un respiro para organizar su deuda.
En la idea del Ejecutivo está que emprendedores y pymes disfruten de una vía alternativa al concurso judicial, que sea más flexible, ágil, sencilla y también más barata. Se trata, en definitiva, de crear un concurso de acreedores «ad hoc» para personas físicas o pequeños empresarios.
Si se llega a los Tribunales, el juez podrá decidir quitas en la deuda
Este nuevo concurso tendría dos etapas. Una primera será extrajudicial y en ella la pyme o el emprendedor comenzará una negociación con sus acreedores, pero ayudado por una nueva figura, la del mediador. Este mediador, calcado de la legislación francesa, tendrá como misión lograr el mejor acuerdo posible para desarrollar en un tiempo razonable, de forma que el empresario pueda saldar sus deudas y empezar un nuevo proyecto empresarial si así lo decide.
Entre las misiones de este mediador estará elaborar planes de pago de deuda accesibles, a plazos razonables que permitan a ese empresario saldarlas lo más fácilmente posible. El fin último será demostrar que el empresario no ha llegado a esta situación por una conducta irresponsable.
Una segunda fase vendrá si la primera fracasa. Entonces el proceso pasará al plano judicial, en el que que, finalmente, será el juez el que tenga la última palabra. En la idea del Ejecutivo está que los jueces apliquen un marco legal más favorable a la pyme que incluya, incluso, quitas y exoneraciones de deuda si se diera el caso.
Vivienda familiar, a salvo
La Ley de Emprendedores creará también la figura del «emprendedor de responsabilidad limitada». La norma establecerá que las personas físicas podrán ver limitada su responsabilidad por deudas derivadas de su actividad profesional o empresarial. La novedad es que no se verán afectados determinados bienes como la vivienda o los vehículos de uso familiar, lo que a partir de la entrada en vigor de la ley se definirá como patrimonio inembargable.
Esta es una vieja y recurrente petición de ATA, la asociación de autónomos que preside Lorenzo Amor. En la actualidad, un autónomo que emprende una actividad si fracasa responde con todo su patrimonio, incluso con su vivienda, y con cualquier bien que esté relacionado con su negocio, ya sean vehículos o naves. Una circunstancia que, en la práctica, hipoteca el futuro e impide volver a retomar una actividad empresarial.
El Ministerio de Empleo también pondrá su granito de arena en este nuevo proyecto de Gobierno. Sus medidas van muy encaminadas a que el emprendedor no pierda su vivienda por deudas, en este caso con la Seguridad Social. Así, la Ley de Emprendedores incluirá aplazamientos de hasta cinco años en el pago de las deudas por cotizaciones sociales y condiciones «más flexibles» en las amortizaciones. Además, Empleo sopesa ampliar de uno a dos años el plazo de subasta de la vivienda del empresario, desde la primera diligencia de embargo. Se trata de facilitar que el afectado pueda recuperar su vivienda cuanto antes.
Menos trabas burocráticas
Aligerar las trabas burocráticas que son necesarias en España para poner en marcha un negocio también será clave en el proyecto que diseña el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por primera vez se regulará la «licencia exprés» que permitirá poner en marcha un negocio en un plazo de 24 horas. Y, además, se podrá crear una empresa con solo un euro de capital social, tal y como ocurre en algunos países de nuestro entorno.
La idea es que para el empresario esté prácticamente libre de cargos administrativos para empezar. En este caso, evitar que los 3.000 euros de capital social que ahora son necesarios para poner en pie un negocio no sean un lastra para el empresario. Eso sí, el emprendedor deberá aportar esos 3.000 euros una vez que eche andar la nueva empresa, por plazos.
Noticia extraída de rrhhmagazine.com del 11 d eMarzo de 2013
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