Han pasado sólo dos meses desde que se implantó la obligatoriedad de realizar informes de Certificación Energética para los edificios que se encuentran en venta o alquiler. Atendiendo a datos de registro, y otras estadísticas de elaboración propia, a este ritmo tan sólo se están cumpliendo el 10 ó 15% de los objetivos de una normativa que, ya de por sí, se ha redactado de forma bastante laxa en España. Como ejemplo, en otros países miembros de la UE como Portugal (no hablamos de Dinamarca o Alemania, más adelantados), la obligatoriedad en la realización de evaluaciones energéticas se implantó para todos los edificios, sin distinción, y su registro se ha llevado a cabo de manera bastante satisfactoria en 3 años. Desgraciadamente, como sucede con gran parte de las normas ciertamente novedosas, parece que ésta no será una excepción y resultará de difícil y lenta asimilación por la sociedad. Falta conciencia de ahorro, y a pesar de que ha habido muchas familias en contacto directo o indirecto con el sector de la albañilería, se echan en falta más valores constructivos en la formación ciudadana y académica.

 

Un mecánico habla de la necesidad de tener el vehículo «a punto», y el ahorro a largo plazo que supone, y casi todo el mundo entiende que tiene razón, e intenta hacerle caso en lo posible. En su defecto, ahí están las instituciones oficiales para hacer pasar a todos una inspección cada cierto tiempo, a fin de obligar a los propietarios a que mantengan sus vehículos con un mínimo de prestaciones y un máximo de emisiones. Y si no, siempre está la policía para multar al que no cumple con la ITV. Pues bien, los edificios españoles son responsables de un tercio del gasto energético y de las emisiones contaminantes del país. Se sabe que con inversiones por aproximadamente el 10% del valor registral de cada inmueble, puede reducirse a la mitad la factura energética. Está probado que entre 7 y 11 años se recuperan todas las inversiones de este tipo, siendo beneficiosas aún durante 40 años más si se mantienen. Y sin embargo, cuando un arquitecto habla de la necesidad de revisar los edificios, sus envolventes e instalaciones, no tiene tanto eco social. Cuando al fin las instituciones sacan una normativa que intenta sentar las bases de una inspección obligatoria de los edificios a nivel global (antes ITE, ahora IEE) o simplemente a nivel energético, los ciudadanos se echan las manos a la cabeza (y eso que aún no hay policía) pensando que es un nuevo impuesto. Hay grandes beneficios económicos esperando a quien quiera invertir en ahorro energético, y no estamos hablando sólo de ayudas oficiales y subvenciones. El coste energético es cada vez mayor. No dejen pasar la oportunidad de, al menos, saber qué defectos y oportunidades tiene su edificio.

 

Noticia extraída de elperiodicoextramadura.com del 22 de Julio de 2013

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